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Escrache

Javier Gallego

Nos habéis perseguido a todos. Primero fuisteis a por los jubilados pero como vosotros tenéis la jubilación asegurada, no os importó hacerles daño. Después fuisteis a por los enfermos, los discapacitados, los dependientes y como vosotros no tenéis problemas de dinero, no os importo cargar a las familias con un peso que no pueden soportar. Entonces fuisteis a por los funcionarios, los médicos, los profesores. Fuisteis a por nuestra sanidad y a por nuestros colegios porque vosotros tenéis los vuestros asegurados. Protestamos y no os importó enviarnos a los antidisturbios a que nos hicieran daño.

No os importó que hubiera millones de parados y fuisteis también a por ellos. Les quitasteis un pedazo de lo poco que les queda y les gritasteis que se jodan en mitad del Parlamento. Y empezasteis a jodernos a todos los demás, a la cultura, a los mineros, a todos los contribuyentes. Fuisteis a por todos nosotros y no os importó hacernos daño para no hacérselo a los vuestros. Los bancos vinieron a por nosotros y vosotros nos quitasteis los cuatro cuartos que nos habían dejado en los bolsillos. Ellos nos robaban, vosotros hacíais negocio con nuestro dinero. Volvimos a protestar y nos disteis la espalda de nuevo.

No queríais ver cómo la gente saltaba por las ventanas o se colgaba del cuello. Los bancos que nos habían puesto la soga iban a por los que menos tenían y les dejasteis hacer. Dejasteis que se aprovecharan con las preferentes de los más indefensos y vulnerables y jamás perseguisteis a los timadores. Dejasteis que algunos se quitaran la vida angustiados por su desahucio. Les empujasteis al vacío sin mover un solo dedo y permitisteis que pelotones de policía siguieran sacando a la gente de sus casas a empujones. Podríais haberlo evitado pero seguíais mirando para otro lado.

Los jueces españoles y el tribunal europeo han decretado que las hipotecas españolas son ilegales y abusivas y a ninguno de los dos les habéis hecho caso. Miles de personas en la calle y un millón y medio con su firma, os han pedido parar esta sangría y habéis tratado de escaparos de ellos. Nos disteis unas medidas insuficientes que no sirvieron para nada y ahora nos volvéis a ofrecer un simulacro de solución en diferido. Os pedimos pan y nos dais migajas. Os pedimos ayuda y nos dais antidisturbios. Os pedimos que nos echéis una mano y nos la echáis al cuello.
Ahora van a por vosotros y reclamáis que os amparemos pero ya no queda casi nadie de nosotros que lamente lo que os está pasando. Os toca sentir lo que sienten los perseguidos. Ahora nos pedís la justicia que vosotros nos habéis negado. Invocáis la democracia que habéis destruido y el respeto que no nos tenéis. Exigís que se respeten los derechos que no habéis respetado. Llamáis terroristas a los que os persiguen pero sois vosotros los que los habéis aterrorizado. Nos llamáis golpistas mientras nos moléis a golpes. Hay que ser muy miserable para llamar acosador al acosado.

Seguid así. Seguid dando la espalda a la realidad, seguid llamándonos criminales en lugar de ciudadanos. Seguid aumentando la pobreza, la desigualdad y el paro. Seguid dejando que a la gente la estafen, la echen a la calle y los ladrones anden sueltos. Seguid haciendo un escrache masivo a la población y acabaréis sufriendo un escrache masivo y violento. No es una amenaza, es una advertencia de lo que, desgraciadamente, podría pasar.

Ahora solo van a por vosotros pero mañana irán a por vuestra seguridad, la seguridad que les habéis negado, y a por vuestros privilegios, a por el dinero que les habéis quitado, los coches en los que huis de nosotros, las casas que tenéis y que ellos han perdido, el bienestar que les habéis arrebatado. Querrán infligiros el mismo dolor que le habéis causado. Y a nadie le importará si os hacen daño porque el daño que habréis hecho nos habrá anestesiado a todos. Serán tan violentos como lo habéis sido vosotros. Se saltarán tantas leyes como vosotros habéis violado. Serán peligrosos porque están desesperados. Y serán incontrolables porque no tendrán nada que perder.

Vosotros se lo estáis quitando todo. Vosotros sois los responsables de lo que os pase. Os lo merecéis. Vosotros no sois las víctimas, sois los culpables, sois la causa de los escraches que estáis padeciendo. Vosotros sois el escrache de este país. Le habéis hecho un escrache a esta democracia hasta obligarla a huir por patas. Nos habéis hecho escraches cada vez que nos reuníamos en las plazas y en las calles. Le habéis hecho decenas, cientos de escraches a los ciudadanos a golpe de porra, recorte, insulto y decretazo.

Sois vosotros los que permitís el acoso a los ciudadanos de una banca miserable que impone una ley injusta. Sois vosotros los que dejáis que miles de familias sean humilladas delante de sus vecinos, que sus casas sean señaladas con una cruz de “desahuciado” en la puerta, que queden marcados como parias y excluidos, que ancianos, niños, enfermos y gente sin recursos estén sufriendo la derrota, la violencia policial y la vergüenza pública. Sois vosotros los que lleváis más de cuatro años haciéndonos un escrache tras otro, los que lleváis años huyendo de los que ahora os persiguen, los que estáis empujando a miles de personas por un barranco por el que os acabarán arrastrando, los que estáis provocando una pobreza, un odio y una desesperación que puede acabar estallando.

Si dejáis que eso ocurra, recordaréis el último verso del poema de Niemöller: “Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar”. Nadie protestará porque os estaremos persiguiendo todos.

http://www.eldiario.es/zonacritica/Escrache_6_115548461.html

De: Asociación Madrileña de Enfermería AME

A: Defensora del pueblo, Sra. Dª Soledad Becerril Bustamante

Somos una Asociación de Enfermería que se ha creado recientemente dado el conflicto sanitario que se ha producido últimamente en la Comunidad de Madrid, tras la publicación de Plan de medidas de garantía de la sostenibilidad del sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid para el año 2013.

Esta asociación surge tanto para defender al colectivo enfermero, como para la defensa de una sanidad pública de calidad y universal, y nos dirigimos a usted porque se están vulnerando los derechos
fundamentales de los ciudadanos madrileños y españoles, así como los derechos de muchos trabajadores.

El personal de enfermería como profesión cualificada y regulada, sabemos que el aumento del nivel de salud de la población, la prevención en todos los niveles de atención sanitaria, la detección precoz de enfermedades y la educación sanitaria impartida en todos los niveles de atención socio-sanitaria, es la mejor forma de ahorrar, además de suponer una disminución de los incidentes relacionado con la seguridad de los pacientes y en definitiva de la población. Este nivel de salud de la población alcanzado durante los últimos años, como consecuencia de un sistema sanitario eficaz y valorado en todo el mundo como uno de los mejores y más económicos, está siendo amenazado, no sólo por los recortes sanitarios que se están llevando a cabo en nuestro país, sino también por los recortes sociales y económicos que se están cebando con las personas más débiles de la sociedad.

Como profesión que debe defender la salud de todos los ciudadanos, le exponemos que:

El artículo 43 de la constitución española no se está respetando, no solo en la Comunidad de Madrid, sino en el resto de España. Sabemos que esto es consecuencia del Real Decreto-Ley 16/2012 de ámbito nacional, y creemos que ya se debería haber tomado alguna medida al respecto. Se ha cambiado el derecho a la salud de todo ciudadano empadronado en España, por la condición de asegurado, siendo injusto, insolidario y por tanto, contrario al orden constitucional, máxime cuando la sanidad pública se financia mediante impuestos directos e indirectos pagados por todos los ciudadanos, y no por las cotizaciones a la Seguridad Social.
Centrándonos en la Comunidad de Madrid, la misma Consejería de Sanidad reconoce en su plan de reordenación de RRHH, que de una población residente de 6.387.824 habitantes, sólo 5.328.553 tienen TSI (tarjeta sanitaria individual), de lo que resulta que 1.059.271 ciudadanos no disponen de tarjeta sanitaria y por lo tanto, no tienen derecho a la asistencia sanitaria en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos.
Esta falta de asistencia sanitaria supone un riesgo para la salud pública, puesto que deja fuera del sistema sanitario a personas que pueden estar sufriendo enfermedades infecto-contagiosas y por lo tanto, supone un aumento de su transmisión a la población en general al detectarlas tardíamente.
Se está criminalizando a los enfermos crónicos, recayendo el peso de lo recortes enlas personas más débiles de la sociedad, los pensionistas; personas que deben elegir en muchos casos entre comer o pagar sus medicinas. Sus pensiones han perdido poder adquisitivo respecto al IPC y como consecuencia de la subida de impuestos, el copago de medicinas y su gravamen añadido (IVA), muchos optan por renunciar a tomar su medicación lo que no sólo perjudica su salud, sino que a la larga saldrá más caro al sistema sanitario, por las complicaciones e ingresos hospitalarios que pueden producir. Por suerte, el gobierno de la nación consideró oportuno llevar al tribunal constitucional la tasa del euro por receta que se implantó en la Comunidad de Madrid el 1 de Enero de 2013 y se ha suspendido de momento, si bien no será devuelto el importe a las personas que ya pagaron esta tasa en la Comunidad de Madrid, si al final se resuelve su inconstitucionalidad.

Por consiguiente:

Esta criminalización de los enfermos va en contra de la voluntad constitucional del orden económico y social justo que debe garantizar la constitución.

Sabemos que la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), ha hecho llegar a la oficina del defensor del pueblo, un informe sobre la inconstitucionalidad de la concesión de los servicios sanitarios de hospitales y centros de salud por la Comunidad de Madrid, informe con el que estamos de acuerdo y que se ha podido llevar a cabo gracias a la colaboración económica de personal sanitario, no sanitario y usuarios que defienden una sanidad pública de calidad y universal.

Usted, como defensora del pueblo, se ha pronunciado no viendo indicios de inconstitucionalidad.

Es por ello por lo que pasamos a exponerle nuestro punto de vista, como profesionales de enfermería:

1. El plan de medidas de garantía de la sostenibilidad del sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid incluye, además de la tasa del euro por receta ya mencionada, la concesión a empresas privadas para su gestión de 6 hospitales públicos y 27 centros de salud. Esta concesión es inconstitucional porque entrega directamente, a una empresa privada, la gestión de la salud de los ciudadanos de una determinada zona. Hecho que contradice el modelo de Area Unica sanitaria de la CAM, puesto que no se reconoce la igualdad de trato a los pacientes en toda la Comunidad de Madrid.

2. Si una empresa privada y con ánimo de lucro, gestiona la salud de todos los usuarios de una zona y su derivación para recibir tratamientos de alta complejidad supone pagar dinero a la red pública para recibir el tratamiento más indicado. La lógica empresarial lucrativa intentará por todos los medios atender al ciudadano con sus medios disponibles, ya que cualquier tratamiento dado fuera de dicha empresa deberá abonarlos, primando así los criterios económicos sobre los clínicos que resulten mas beneficiosos para la empresa.

3. Creemos que una empresa privada, cuyos ingresos ya están prefijados por una cápita, siempre intentará realizar el menor número de pruebas diagnósticas posibles, o pruebas menos caras, aunque la indicación sea otra. Evidentemente el paciente no sabrá nunca si está recibiendo el tratamiento adecuado para su patología, o sencillamente está recibiendo el más barato, puesto que la calidad percibida por parte del paciente no se verá afectada. Sin embargo, los habitantes de la zona gestionada privativamente sufrirán un agravio comparativo respecto a los habitantes que pertenezcan a un hospital o centro de salud de gestión pública.

4. En la Comunidad de Madrid se está produciendo ya un deterioro de la calidad asistencial por los recortes sanitarios en el sistema público de salud:

-Desaparición de guardias presenciales de determinados especialistas médicos en hospitales, ya algunos especialistas comparten guardias en diferentes hospitales, por reducción de camas en hospitales públicos.

– Día a día, vemos como se cierran camas en los distintos centros públicos como consecuencia de la alta derivación de intervenciones quirúrgicas a centros concertados, mientras se infrautilizan los recursos públicos en momentos en los que se deberían aprovechar al máximo, si lo que se pretende es que los recursos económicos sean más eficaces y productivos.

-Cierre de centros como pueden ser el Instituto cardiológico y Centros de especialidades que permitían a los especialistas estar más cerca de los ciudadanos.

-Por la disminución de personal de enfermería al no cubrir Incapacidades Temporales o Bajas por maternidad, hasta el punto, que algunas supervisoras deben atender pacientes cuando no hay enfermeras suficientes, por disminución de efectivos en todas las categorías, por contratos al 50%.

-Coacciones y presiones a pacientes para que se realicen las pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas en clínicas privadas, a través de un Call-Center (a cargo de una empresa privada) en decremento y desacreditación de la Sanidad Publica. Este Call-Center, como todas las empresas que van a optar a la gestión privada de la sanidad PÚBLICA, son empresas opacas, con diferentes intereses económicos en múltiples negocios distintos al sanitario y que puede que sean legales, pero comprenderá usted que ni como profesionales sanitarios, ni como usuarios, queramos confiar en ellas nuestra salud y la de los ciudadanos. Por supuesto, esto no significa que estemos en contra de las empresas privadas que se dedican a la sanidad, sino que estamos en contra de que éstas empresas tengan asegurados sus ingresos a cargo del erario público, independientemente de la asistencia que den, y/o que sea desde la propia Consejería de Sanidad madrileña donde se prime que los recursos económicos se destinen antes a empresas privadas en detrimento de los recursos destinados a centros públicos.

5. Según se publica en la página web de la oficina del defensor del pueblo, esta institución dice que le faltan elementos básicos para valorar el nuevo modelo por desconocer el desarrollo del proceso de contratación y las normas de control que establecerá la Comunidad de Madrid en los 6 hospitales y centros de salud que quiere privatizar la consejería madrileña. No nos extraña, a nosotros también nos falta esa información, junto con las cuentas que demuestran el supuesto ahorro de tal privatización, las medidas de control que se han instaurado en los hospitales de gestión privada en su totalidad, y de la parte no sanitaria privatizada en los hospitales de gestión mixta, así como el escaso control que se tiene del Call-Center por parte de la consejería, como de la facturación intercentros. Comprenderá que ante esa falta de control y de argumentos económicos, no queremos poner en riesgo la salud de los ciudadanos, ya que no todo es reversible cuando se habla de la salud y de calidad de vida.

6. La oficina del defensor del pueblo “considera necesario garantizar que el gasto por enfermo resulte equivalente tanto en la función asistencial realizada por el Servicio Madrileño de Salud como en la realizada por las entidades privadas”. Entonces, ¿donde estaría el ahorro del cambio de modelo? ¿Exclusivamente quizás en los sueldos de los trabajadores en beneficio de una empresa privada? ¿y para eso es necesario el cambio de modelo?, ¿para que los únicos beneficiados sean unos empresarios a riesgo de la calidad asistencial?

7. El derecho a la libre elección por parte de los usuarios ya se está vulnerando cuando desde el Call-Center son presionados para que elijan realizarse pruebas en clínicas privadas o mintiendo sobre la lista de espera que hay en los centros de gestión pública; listas de espera oficiales que tampoco son transparentes, ya que cuando un paciente se niega a operarse en una clínica privada, desaparece de la lista de espera “oficial”, lo que maquilla las listas de espera quirúrgicas de cara a la galería, pero no de forma real para el ciudadano, que es el que está pendiente de operarse, y al que se le está coaccionando en momentos en los que está especialmente sensible y vulnerable.

8. Respecto al personal que trabaja en el SERMAS, creemos que están siendo vulnerados sus derechos como trabajadores ya que hay muchos profesionales eventuales, que llevan encadenando contratos durante muchos años, hablamos de 6 y hasta 10 años de contratos continuados, lo que hace que no tengan una estabilidad en el empleo y están ocupando una plaza estructural, mientras se les está haciendo contratos en base a: “Realización de servicios determinados de naturaleza temporal, coyuntural o extraordinaria” para “Mantenimiento de actividad asistencial”. Estos contratos en principio comenzaron siendo de 6 meses y dada la improvisación con la que funciona la Consejería de Sanidad madrileña en la actualidad, ahora se hacen contratos de 3 meses, lo que conlleva aún mayor inestabilidad; esto no sólo ocurre en el caso de nuestro colectivo enfermero, sino en otras categorías, como auxiliares de enfermería, celadores, facultativos, técnicos de Rayos X, técnicos de laboratorio, peluqueros, cocineras, etc.

9. Las bajas por enfermedad del personal de las Instituciones Publicas no se están cubriendo hasta los 21 días y parece que ahora no las van a cubrir hasta los 30 días, lo que supone una desprogramación constante de las planificaciones del personal que debe cubrir a la persona que está de baja, falta de descanso para el personal y si no es asi, se reduce la presencia física en los servicios, lo que por supuesto supone una sobrecarga de trabajo para el personal y por lo tanto, una disminución en la calidad de la asistencia.

10. A los funcionarios de carrera y personal de cupo y zona del SERMAS, se les está coaccionando para que pasen a ser estatutarios, de tal forma que se les amenaza con que si no quieren pasar voluntariamente, se les adjudicará labores meramente administrativas, que probablemente no tengan nada que ver con su categoría profesional, lo que entendemos que es una forma de mobbing laboral.

11. En el Hospital Puerta de Hierro, donde recientemente se ha privatizado el personal no sanitario, se han amortizado las plazas que el sistema público tenía ocupadas tanto por personal fijo, como por eventual interino o temporal; cuántos puestos de trabajo serán recuperados es algo que desconocemos, Poner en su conocimiento que a algunos eventuales ni siquiera les comunicaron el cese de contrato. ¿Qué menos para un personal que va a ser despedido, que le sea comunicado, y no que se encuentren con que no les dejan entrar cuando van a trabajar, no le parece?. Teniendo en cuenta que en muchas ocasiones los eventuales temporales, esos que llevan tantos años encadenando contratos, han estado trabajando sin contrato por retraso en la firma de éstos, sabiendo que iban a ser renovados y que a la consejería de sanidad, se le “olvida” comunicar a sus trabajadores que prescinde de sus servicios.

En definitiva, si ese es el control que tiene la Consejería de Sanidad sobre sus contratos, comprenderá que no nos fiemos del control que puede llevar a cabo sobre una empresa externa sobre la calidad asistencial que proporciona.

Después de esta exposición sobre lo que está ocurriendo en el SERMAS y nuestra preocupación por la calidad de la asistencia que se da a la población como profesionales que estamos día a día en contacto con los pacientes y conocedores de sus problemas tanto de salud, como sociales y económicos, le rogamos, que reflexione nuevamente sobre los ataques a la constitución que se están llevando a cabo en la Comunidad de Madrid y en el conjunto del Estado, agradeciéndole por adelantado su atención

Att ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE ENFERMERÍA INDEPENDIENTE, AME

Fdo: Comisión Gestora.

Reunión de miembros de la Gestora de AME con la Abogada Dña. Pilar Esquinas Rodrigo que coordinaría la Comisión Legal.

http://es.letrados.com/pro/pilar-esquinas-rodrigo-0zC8l

Se propone una Estrategia Jurídica basada en una Cascada de Demandas Individuales y coincidente en el tiempo para todos aquell@s Trabajadores afectados con una MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE SUS CONDICIONES DE TRABAJO (Tanto personal “Fijo” como “Eventual”, “Estatutario” “Funcionario”) cuyas condiciones laborales (Nuevos Contratos, Interinidades no Convocadas, Contratos Sucesivos y Encadenados de más de 12 meses en 2 años), (Modificaciones en los Contratos, en las Retribuciones Económicas, Reducciones en los días de Libranza, Aumento de la Jornada Laboral, etc) que hayan sido notificadas en los últimos meses.

Se plantea desarrollar una estrategia común individualizada a cada caso, pero unificando demandas con los mismos criterios, con el fin de ir obteniendo criterios de vulneración de derechos de forma colectiva con el objetivo de obtener doctrina.

Recordando que una PRIVATIZACIÓN con inseguridad Jurídica no es atractiva para ningún inversor…

Se recomienda la recopilación por los TRABAJADOR@S de los siguientes documentos necesarios para iniciar cualquier proceso judicial como:

• Contratos
• Nombramientos
• Nóminas
• Convenios ( Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. Estatuto básico del empleado publico y todo aquello que se considere de interés.

Debido a la problemática económica del momento de muchas familias para cubrir los gastos de esta estrategia de defensa, se informa que existe la posibilidad de cubrir los costes de la Demanda Laboral utilizando las Pólizas del Seguro del Hogar.

Comprobando si se tiene contratada por el Trabajador-Asegurado la cláusula de Cobertura con Asistencia Jurídica en temas Laborales donde se establece libertad de asignación de Abogado y Procurador “gratuita ” con un valor que puede oscilar entre 600€ y 6000 € (revisar vuestra póliza de seguro del hogar).

Dicha cobertura da asistencia jurídica, tanto en procesos laborales como penales. El asegurado puede ejercitar la libre elección de Abogado y la aseguradora deberá hacer el abono a posteriori, previa comunicación de la libre designación con un formulario que se entregaría por la comisión legal.

Se establece una Provisión de Fondos para el inicio de demanda de al menos 160 €. Que seria reembolsado por la aseguradora, así como la minuta del abogado, al prosperar la demanda por la vía laboral.

Hay un plazo de 20 días desde la notificación de cualquier MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE LAS CONDICIONES LABORALES O DE DERECHOS. Por lo que se recomienda que a la firma de cualquier notificación que entendamos pueda ver modificados nuestros derechos laborales, se haga constar el “NO CONFORME”.

Aunque dependiendo de los casos de demanda por “nuevas condiciones laborales” que no sean los referentes al caso de “nuevos contratos” deberán ser estudiados tanto individual como colectivamente a la hora de presentar la demanda.

Si alguien está interesado en este asunto contactar con nosotros en el siguiente e-mail.

(enfermeria.ame@gmail.com).

Difundir esta información e intentar contactar en grupos homogéneos ( por problemáticas) o con las mismas características profesionales ( sanitarios y no sanitarios).

Fdo : COMISIÓN GESTORA

DE INTERÉS PARA LOS ENFERMEROS EVENTUALES

La regulación del personal ESTATUTARIO, contratado mediante contratos de naturaleza temporal eventual, viene regulada en la Ley 55/2003 de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, modificada en gran parte por la Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

En concreto, el artículo 9 establece:

Por razones de necesidad, de urgencia o para el desarrollo de programas de carácter temporal, coyuntural o extraordinario, los servicios de salud podrán nombrar personal estatutario temporal.
Los nombramientos de personal estatutario temporal podrán ser de interinidad, de carácter eventual o de sustitución.

El nombramiento de carácter eventual se expedirá en los siguientes supuestos:
Cuando se trate de la prestación de servicios determinados de naturaleza temporal, coyuntural o extraordinaria.

Cuando sea necesario para garantizar el funcionamiento permanente y continuado de los centros sanitarios.

Para la prestación de servicios complementarios de una reducción de jornada ordinaria.
Se acordará el cese del personal estatutario eventual cuando se produzca la causa o venza el plazo que expresamente se determine en su nombramiento, así como cuando se supriman las funciones que en su día lo motivaron.

Si se realizaran más de dos nombramientos para la prestación de los mismos servicios por un período acumulado de 12 o más meses en un período de dos años, procederá el estudio de las causas que lo motivaron, para valorar, en su caso, si procede la creación de una plaza estructural en la plantilla del centro.”

Solo hay que preguntar a nuestro alrededor; “¿cuantos años llevas trabajando en esta unidad?” La mayoría de los profesionales te responderán que desde hace varios años, con contratos de 6 meses, 3 meses, 9 meses etc.

Esta irregularidad se admite, al menos desde la publicación de la Ley, y generalmente es sabido por todos; desde partidos políticos, sindicatos, y demás instituciones comprometidas con la Salud Publica.

Los profesionales en gran parte lo intuimos, sabemos y callamos. Podrán decir que incluso somos cómplices coautores de la misma. Sin embargo, cuando un estatutario ha dado el paso de denunciar ha podido ganar el litigio, pero se ha visto abocado a la “lista negra de las diversas bolsas de trabajo hospitalarias”.

Somos ciudadanos, con familia y responsabilidades, nos dedicamos al cuidado y en general hemos evitado o rehuido la confrontación con la administración, supervisores, gerencias etc. No somos coautores, mas bien personas que queremos vivir con dignidad dedicados al servicio publico.

Por tanto, concluimos que:

En principio, la realización de este tipo de contratos es perfectamente legal, siempre y cuando los mismos no superen los límites máximos temporales que establece la propia norma y que concurran causas de naturaleza temporal que justifiquen la utilización de contratos de tal naturaleza.

Además de lo anterior, no sólo se exige que concurran causas de naturaleza temporal que justifiquen la utilización de este tipo de contratos, sino que dichas causas sean consignadas de forma clara en el contrato suscrito, para que el trabajador tenga pleno conocimiento de los motivos de su contratación, y que evidentemente, una vez desaparecida la contingencia temporal que da origen al contrato, el mismo se extinga.

Siempre que en la contratación del personal ESTATUTARIO TEMPORAL EVENTUAL se hubieran rebasado los plazos máximos referidos, no se hubiera definido con claridad y precisión el motivo de la temporalidad o habiéndose referido el mismo, la plaza cubierta fuera de carácter estructural, habría de entenderse que se ha realizado en fraude de ley y por tanto, de forma irregular.
Por otro lado, el artículo 70.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa 29/1998 de 13 de julio, establece que se produce DESVIACIÓN DE PODER, cuando se ejercen potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico.

En lo que se refiere al procedimiento legal, señalar que la jurisdicción competente para impugnar tales ceses, al tratarse de contratos realizados a PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL, sería la Contencioso Administrativa, tal y como recogen entre otras, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Rioja, Sala de lo Contencioso Administrativo de fecha 7 de junio de 2012, o el Tribunal Supremo en Sentencia de 14 de julio de 2011.

¿Qué podemos hacer?

En general, sabemos lo que debemos hacer. Sabemos que el camino para la solución de estas contiendas se resuelven en los tribunales. Pero, también podemos y debemos estar informados en lo que acontece a nuestros derechos y deberes laborales, así como las condiciones y contextos en los cuales se desarrolla el mismo.

Desde AME nos pronunciamos a favor de:

Pedir responsabilidades e información a quien pagamos y dicen tener el derecho de representación profesional y defensa laboral, como son los colegios de enfermería, el consejo de colegios de enfermería y los sindicatos que forman parte de la mesa sectorial de sanidad.
Tender paso paso a la unidad del colectivo enfermero, con un discurso e intereses comunes; romper el mito de “la desunión e inmovilismo” del colectivo enfermero.
Abrir caminos jurídicos que pongan a la administración en evidencia ante los ciudadanos, por los hechos ilegales e irresponsables que han consentido con sus empleados públicos.
Que los profesionales enfermeros eventuales denuncien en masa, mediante contencioso administrativo. TODOS JUNTOS….SI SE PUEDE.

Fdo:

El CGE quiere saber la opinión de los enfermeros

La Organización Colegial de enfermería a fecha 22 de Marzo de 2013, “considera indispensable” conocer la opinión de los enfermeros sobre los procesos de privatización de Hospitales y Centros de Salud en determinadas Comunidades Autónomas. Y para ello, decide encargar a una empresa “Análisis e Investigación” un estudio que consiste en la realización de una encuesta.

El CGE, como él mismo define en su página web “… es el órgano integrador de los profesionales de enfermería a los que aglutina en un grupo comprometido con la salud y el bienestar de los ciudadanos. Con este fin promueve el avance del ejercicio de la enfermería hacia la calidad y la excelencia profesional, basados en criterios de ética, evidencia científica, autonomía y responsabilidad profesional” .

El CGE: ¿no ha querido saber la opinión de los enfermeros cuando se implantó el copago de medicamentos a los ciudadanos con unos tramos de renta completamente injustos?, ¿no ha querido saber nuestra opinión cuando se suprimió la universalidad de la asistencia sanitaria?, ¿cuando se limitó la asistencia sanitaria a los mayores de 26 años?, ¿cuando se implantó el euro por receta en Madrid o en Cataluña?, ¿acaso no somos un grupo comprometido con la salud y el bienestar de los ciudadanos, como dice en su definición?, ¿no debería haberse pronunciado, al menos, completamente en contra de dichas medidas?, ¿no tiene que ver con la ética enfermera el hecho de atender a todos los ciudadanos en igualdad de condiciones sea cual sea su origen o circunstancias sociales?

El Plan de medidas de garantía de la sostenibilidad del sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid se dio a conocer por parte de la Consejería de Sanidad madrileña el 31 de Octubre de 2012. Tardar 5 meses en querer saber la opinión de la enfermería por parte del órgano que se supone que la integra, nos parece una tomadura de pelo, sobre todo teniendo en cuenta que la enfermería ya ha dado muestras de su opinión contraria a este plan durante estos 5 meses, para colmo, utilizando un dinero que sale de nuestras cuotas colegiales.

Si el CGE promueve el avance del ejercicio de la enfermería hacia la calidad y excelencia profesional, debería saber que la enfermería siempre va a estar a favor de dar una sanidad de calidad y esa siempre va a estar alejada de empresas que pretender ganar dinero a costa de ahorros en personal o en materiales afectando, por lo tanto, a la calidad de la asistencia que se presta a los ciudadanos. No estamos a favor de la gestión privada de ninguna parte de la sanidad, ni en operaciones de alto riesgo, ni de bajo riesgo, ni manteniendo la mayoría del personal o no, ni para determinadas pruebas sí, y para otras no. La gestión deber ser pública, porque no se puede entregar la gestión de nuestra sanidad a manos privadas, lo que no es incompatible con la colaboración público-privada en determinadas circunstancias mediante conciertos.

A los enfermeros nos sorprende, la tardanza en querer saber nuestra opinión con tanto retraso, pero también nos sorprende cuando vemos el contenido de la encuesta. Una encuesta cuyos ítems, denotan un sesgo y una intención clara; ver en qué parte o en qué porcentaje podría importarnos menos la privatización. No nos sorprende tanto si vemos que ese mismo día el Tribunal Constitucional falla a favor del CGE, negando en la Comunidad de Andalucía la libre colegiación de enfermeros y el CGE presume que es el único órgano que es capaz de decidir cuales son buenas o malas prácticas enfermeras. No nos sorprende tampoco si observamos que ese mismo día el Sr. Máximo González Jurado, presidente del CGE, ha recibido la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco “por su contribución al desarrollo de la Sanidad Militar”. No nos extraña ahora la lealtad que le ofrecía el Sr. Máximo González Jurado a la Sra. Ministra de Sanidad, Ana Mato. Nos gustaría recordarle al Sr. Máximo González que un enfermero a quien debe lealtad es a sus pacientes, y no a ningún cargo político, sea del color que sea.

Por lo tanto, queremos expresar nuestra profunda decepción con el CGE, el órgano que nos representa a todos los enfermeros españoles, porque insulta nuestra inteligencia y pretende utilizarnos para que mediante la contestación de una encuesta, pagada con nuestras cuotas, dé alas a unos políticos que pretenden descargar su parte de responsabilidad en la gestión, una gestión para la que ellos se presentaron a unas elecciones voluntariamente y para la cual fueron elegidos mediante las urnas y los votos de muchos ciudadanos.