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Crisis de vacunas, crisis de Salud Pública.

Estamos sufriendo retrasos y falta de cumplimiento de lo acordado por parte de un laboratorio en el suministro de la vacuna del coronavirus para luchar frente a la pandemia.
La falta de abastecimiento de diferentes vacunas no es algo nuevo; en los últimos años también ha ocurrido con otras vacunas (como es el caso entre otras del tétanos, difteria, tosferina o hepatitis A).
Desde la Asociación Madrileña de Enfermería Independiente (AME) queremos manifestar lo siguiente:
Estamos hondamente preocupados por la situación actual, agravada además por la falta de planificación y organización en el plan de vacunación de Madrid. No se ha contado con las enfermeras para el citado plan, ni está asegurado aún el abastecimiento de las jeringas adecuadas para asegurar las dosis en una de las vacunas que se están y se tienen que administrar.
Además derivar la vacunación de forma injustificada a la sanidad privada o las ONGs es más caro y nos quita recursos.
El acceso al medicamento es uno de los pilares para acceder a la salud, garantizada en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Por tanto, solicitamos al Ministerio de Sanidad, y al resto de organismos competentes estatales y autonómicos:
1) La elaboración y ejecución de un plan integral que asegure la producción, suministro e investigación de productos inmunobiológicos y medicamentos para uso humano como actividad de importancia estratégica en Salud Pública. Con acuerdos eficaces con la industria farmacéutica privada, o bien creando una industria farmacéutica pública en el caso de que las empresas privadas no puedan asumirlo o no se comprometan a ello.

2) La creación de un Consejo que establezca qué vacunas y
medicamentos son esenciales para la población, independientemente de la Comunidad Autónoma donde se resida, con el objetivo de asegurar el principio de equidad que marca la citada Ley General de Salud Pública.
Estaría formado, entre otras personas, por profesionales expertos y por Asociaciones ciudadanas, en línea con el derecho a la participación de los ciudadanos que postula el Art. 5 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. Se establecería un régimen de incompatibilidades con el fin de asegurar que todos sus miembros estén al margen de los intereses económicos de las empresas farmacéuticas.

3) Acabar con la opacidad de muchas actividades comerciales de los laboratorios privados.

4) Regular las patentes en beneficio de los ciudadanos.

Las empresas farmacéuticas no pueden priorizar sus beneficios privados por encima de la Salud Pública.

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